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El artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre: derechos y obligaciones

¿Qué establece el artículo 14 de la Ley 39/2015?

El artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, conocida como “Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”, establece los derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Esta ley regula los procedimientos administrativos que deben seguirse para el ejercicio de los derechos y obligaciones de los ciudadanos y empresas ante las distintas Administraciones Públicas.

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Los derechos de los ciudadanos

El artículo 14 reconoce una serie de derechos fundamentales que tienen los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Estos derechos son:

1. Derecho a relacionarse electrónicamente con las administraciones

El artículo 14 garantiza el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Esto significa que los ciudadanos tienen la opción de realizar trámites y obtener información a través de medios electrónicos, facilitando así la comunicación y agilizando los procesos administrativos.

2. Derecho a utilizar medios electrónicos en las actuaciones administrativas

Además de poder relacionarse electrónicamente, los ciudadanos tienen el derecho a utilizar medios electrónicos en todas las actuaciones administrativas. Esto incluye la presentación de documentos, la firma electrónica, el acceso a registros electrónicos y la recepción de notificaciones por medios electrónicos.

3. Derecho a obtener información y orientación

El artículo 14 establece el derecho de los ciudadanos a obtener información y orientación sobre los procedimientos administrativos en los que estén interesados. Esto implica que las Administraciones Públicas deben proporcionar información clara y accesible sobre los trámites a seguir, requisitos, plazos y cualquier otra cuestión relevante para el ciudadano.

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4. Derecho a la tramitación electrónica de procedimientos

Otro derecho que recoge el artículo 14 es el derecho a la tramitación electrónica de procedimientos administrativos. Esto significa que los ciudadanos tienen la posibilidad de iniciar, tramitar y finalizar procedimientos administrativos de forma totalmente electrónica, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.

5. Derecho a la utilización de medios electrónicos en las actuaciones administrativas

El artículo 14 también garantiza el derecho de los ciudadanos a utilizar medios electrónicos en todas las actuaciones administrativas. Esto incluye la presentación de documentos, la firma electrónica, el acceso a registros electrónicos y la recepción de notificaciones por medios electrónicos.

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6. Derecho a la confidencialidad y protección de datos personales

El artículo 14 establece el derecho de los ciudadanos a que se respete la confidencialidad y protección de sus datos personales en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Esto implica que las Administraciones deben garantizar la seguridad y privacidad de la información que los ciudadanos les proporcionen.

7. Derecho a la no presentación de documentos originales

Por último, el artículo 14 reconoce el derecho de los ciudadanos a no presentar documentos originales ante las Administraciones Públicas, siempre y cuando se aporte una copia que haya sido cotejada previamente. Esto facilita a los ciudadanos y empresas el acceso a los trámites administrativos sin tener que hacer frente a pérdidas o daños de documentos originales.

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Las obligaciones de los ciudadanos

Además de los derechos, el artículo 14 de la Ley 39/2015 establece las obligaciones que tienen los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Estas obligaciones son:

1. Obligación de identificación

Los ciudadanos están obligados a identificarse correctamente en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Esto implica proporcionar los datos de identificación necesarios y verídicos para poder realizar los trámites correspondientes.

2. Obligación de colaboración

Los ciudadanos tienen la obligación de colaborar con las Administraciones Públicas en el desarrollo de los procedimientos administrativos. Esto implica proporcionar la información requerida, facilitar el acceso a los documentos necesarios y cumplir con los plazos establecidos.

3. Obligación de utilizar medios electrónicos

Otra obligación que establece el artículo 14 es la de utilizar medios electrónicos en las actuaciones administrativas, siempre que sea posible. Esto contribuye a agilizar los trámites y facilitar la comunicación entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas.

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo optar por relacionarme con las Administraciones Públicas de forma presencial?

Sí, el artículo 14 garantiza el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, pero esto no excluye la posibilidad de realizar trámites de forma presencial si así se prefiere.

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2. ¿Qué debo hacer si no tengo acceso a medios electrónicos?

En caso de no contar con acceso a medios electrónicos, puedes acudir a las oficinas de las Administraciones Públicas para solicitar información y tramitar los procedimientos de manera presencial.

3. ¿Qué ocurre si no cumplo con mis obligaciones como ciudadano?

Si no cumples con tus obligaciones como ciudadano en tus relaciones con las Administraciones Públicas, es posible que se produzcan retrasos en los trámites y que no se pueda garantizar la correcta gestión de tus solicitudes. Además, en algunos casos, el incumplimiento de las obligaciones puede acarrear sanciones o consecuencias legales.

4. ¿Qué medidas se toman para garantizar la confidencialidad y protección de mis datos personales?

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Las Administraciones Públicas están obligadas a cumplir con la normativa de protección de datos personales y adoptar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad y seguridad de la información que los ciudadanos les proporcionan.

5. ¿Qué sucede si pierdo los documentos originales?

Si pierdes los documentos originales necesarios para tus trámites administrativos, es importante que contactes con la Administración Pública correspondiente y solicites información sobre los pasos a seguir. En muchos casos, podrán aceptar una copia cotejada como sustitución del documento original.

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