¿Qué es el artículo 35 de la Ley 39/2015?
El artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, también conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece una serie de derechos y obligaciones tanto para los ciudadanos como para las administraciones públicas en el ámbito de los procedimientos administrativos.
¿Cuáles son los derechos establecidos en el artículo 35?
El artículo 35 de la Ley 39/2015 reconoce diferentes derechos a los ciudadanos que se encuentren inmersos en un procedimiento administrativo. Algunos de los derechos más relevantes son los siguientes:
Derecho de acceso a los registros y archivos administrativos
Este derecho permite a los ciudadanos solicitar información sobre los procedimientos administrativos en los que estén interesados. Asimismo, se establece el derecho a consultar y obtener copias de los documentos que formen parte de esos procedimientos.
Derecho a la información y asistencia
El artículo 35 también garantiza el derecho de los ciudadanos a obtener información sobre los trámites y requisitos necesarios para la realización de un procedimiento administrativo. Además, se establece el derecho a recibir asistencia en la cumplimentación de los formularios y la presentación de los documentos necesarios.
Derecho a la tramitación electrónica
En el contexto actual de avance tecnológico, la Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a utilizar medios electrónicos en la realización de los trámites administrativos, siempre y cuando la administración pública correspondiente disponga de los medios necesarios para ello.
Derecho a formular alegaciones y aportar documentos
El artículo 35 garantiza el derecho de los ciudadanos a formular alegaciones y presentar documentos en el transcurso de un procedimiento administrativo. Este derecho resulta fundamental para poder hacer valer los intereses de los ciudadanos y exponer su posición de manera adecuada.
¿Cuáles son las obligaciones establecidas en el artículo 35?
Además de los derechos reconocidos, el artículo 35 también establece una serie de obligaciones para los ciudadanos que se encuentren en un procedimiento administrativo. Algunas de las obligaciones más destacadas son las siguientes:
Obligación de veracidad y buena fe
Los ciudadanos tienen la obligación de proporcionar información veraz y actuar de buena fe durante todo el proceso administrativo. Esto implica no ocultar información relevante ni realizar declaraciones falsas.
Obligación de colaboración
El artículo 35 estipula que los ciudadanos tienen el deber de colaborar con las administraciones públicas en la realización de los trámites administrativos. Esto implica facilitar la obtención de documentos o proporcionar la información requerida de manera oportuna.
Obligación de utilizar medios electrónicos
En aquellos casos en los que la administración pública disponga de los medios necesarios, los ciudadanos tienen la obligación de utilizar los medios electrónicos para la realización de los trámites administrativos. Esto agiliza y simplifica los procedimientos, beneficiando tanto a los ciudadanos como a las administraciones.
Obligación de pago de tasas
En ciertos procedimientos administrativos, es necesario el pago de tasas o precios públicos. El artículo 35 establece que los ciudadanos tienen la obligación de abonar estos importes en los plazos y medios establecidos.
El artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre es una norma que garantiza una serie de derechos y establece obligaciones tanto para los ciudadanos como para las administraciones públicas en el ámbito de los procedimientos administrativos. Conocer y entender estos derechos y obligaciones es fundamental para poder ejercer nuestros derechos como ciudadanos y participar de manera activa en los procesos administrativos.
En resumen, el artículo 35 nos concede el derecho de acceso a la información administrativa, a recibir asistencia en los trámites, a utilizar medios electrónicos y a presentar alegaciones y documentos. A su vez, nos impone obligaciones como la de actuar de buena fe, colaborar con las administraciones, utilizar medios electrónicos cuando sea posible y abonar las tasas correspondientes.
Si bien es cierto que la Ley puede resultar compleja y a veces confusa, es importante que los ciudadanos estemos informados y seamos conscientes de nuestros derechos y obligaciones. Esto nos permitirá tener un mejor entendimiento de los procesos administrativos y una participación más activa en los mismos.
Preguntas frecuentes
¿Qué sucede si no cumplo con alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 35?
El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 35 puede acarrear diferentes consecuencias, dependiendo de la gravedad de la falta. En algunos casos, puede derivar en la denegación del procedimiento o en la imposición de sanciones administrativas.
¿Cómo puedo ejercer mis derechos reconocidos en el artículo 35?
Para ejercer los derechos reconocidos en el artículo 35, es necesario realizar las solicitudes correspondientes a la administración pública competente. Estas solicitudes pueden presentarse de manera presencial o a través de medios electrónicos, siempre y cuando la administración disponga de estos servicios.
¿Puedo reclamar si considero que se han vulnerado mis derechos establecidos en el artículo 35?
Sí, en caso de considerar que se han vulnerado alguno de los derechos establecidos en el artículo 35, se puede presentar una reclamación ante la administración pública correspondiente. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, existe la posibilidad de interponer recursos administrativos o acudir a la vía judicial.