¿Qué es el artículo 68 de la ley 39/2015?
El artículo 68 de la ley 39/2015 de 1 de octubre es una disposición legal que establece las bases para el uso de medios electrónicos en las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. Esta ley, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene como objetivo principal modernizar y agilizar los trámites administrativos, facilitando así la interacción entre los ciudadanos y el sector público.
La importancia de la digitalización en la administración pública
En la era digital en la que vivimos, la digitalización se ha vuelto imperativa en todos los ámbitos, incluyendo la administración pública. El artículo 68 de la ley 39/2015 reconoce esta necesidad y establece las bases para garantizar el uso adecuado de los medios electrónicos en los procedimientos administrativos.
Mediante la digitalización, los ciudadanos pueden realizar trámites y consultas de forma más rápida y sencilla, sin tener que desplazarse físicamente a las oficinas correspondientes. Esto supone un ahorro de tiempo y recursos tanto para los ciudadanos como para la administración pública.
¿Cómo afecta el artículo 68 a los ciudadanos?
El artículo 68 de la ley 39/2015 tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos, ya que les brinda la posibilidad de realizar trámites y consultas de forma electrónica. Esto implica que los ciudadanos pueden presentar documentación, realizar solicitudes, consultas y recibir notificaciones a través de medios electrónicos, sin tener que desplazarse a las oficinas públicas.
Además, el artículo 68 establece que las administraciones públicas están obligadas a ofrecer a los ciudadanos la opción de utilizar medios electrónicos para comunicarse y realizar trámites. Esto se traduce en una mayor comodidad y accesibilidad para los ciudadanos, quienes pueden realizar gestiones desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin tener que ajustarse al horario de atención al público.
Beneficios de la digitalización en la administración pública
La digitalización de los procedimientos administrativos tiene numerosos beneficios tanto para los ciudadanos como para la administración pública. Algunos de estos beneficios son:
Ahorro de tiempo y recursos:
La realización de trámites de forma electrónica agiliza los procesos administrativos, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y recursos tanto para los ciudadanos como para la administración pública. Además, evita desplazamientos innecesarios y reduce la cantidad de papel utilizado.
Mayor comodidad y accesibilidad:
La posibilidad de realizar trámites y consultas desde cualquier lugar y en cualquier momento facilita la vida de los ciudadanos, eliminando la necesidad de ajustarse al horario de atención al público de las oficinas administrativas. Esto brinda una mayor comodidad y accesibilidad, especialmente para aquellas personas que tienen dificultades de movilidad o viven en zonas alejadas.
Agilidad en los procesos:
La digitalización de los trámites administrativos permite un procesamiento más rápido de la información, lo que reduce los tiempos de espera y agiliza los procedimientos. Esto resulta especialmente beneficioso para aquellos trámites que requieren una respuesta rápida, como por ejemplo, la solicitud de una prestación o subvención.
¿Es obligatorio utilizar medios electrónicos para los trámites administrativos?
Sí, de acuerdo con el artículo 68 de la ley 39/2015, las administraciones públicas están obligadas a ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de utilizar medios electrónicos para comunicarse y realizar trámites. Sin embargo, en caso de que un ciudadano no disponga de los medios adecuados o tenga dificultades para utilizarlos, se le proporcionará una alternativa en formato papel.
¿Cómo se garantiza la seguridad de los datos en los trámites electrónicos?
La ley establece medidas de seguridad y confidencialidad para garantizar la protección de los datos en los trámites electrónicos. Además, se utilizan diferentes sistemas de autenticación, como por ejemplo, la firma electrónica, para asegurar la identidad de los usuarios y evitar fraudes.
¿Qué ocurre si se produce un fallo técnico durante el proceso electrónico?
En caso de que se produzca un fallo técnico durante un trámite electrónico, se establecen mecanismos para garantizar la continuidad del procedimiento y solucionar el problema. Los ciudadanos pueden solicitar ayuda a las autoridades competentes para resolver cualquier incidencia técnica que puedan enfrentar.
En conclusión, el artículo 68 de la ley 39/2015 de 1 de octubre es una disposición legal que impulsa la digitalización en los procedimientos administrativos, facilitando la vida de los ciudadanos y agilizando los trámites. La digitalización de la administración pública tiene numerosos beneficios y contribuye a una mayor comodidad, accesibilidad y eficiencia en las relaciones entre los ciudadanos y el sector público.