¿Qué es la capacidad de obrar?
La capacidad de obrar es un concepto que se encuentra presente en la Ley 39/2015, también conocida como la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en España. Se refiere a la capacidad que tiene una persona para realizar actos jurídicos y participar en el ámbito administrativo.
¿Qué establece la Ley 39/2015?
La Ley 39/2015 establece que todas las personas son capaces de obrar en el ámbito administrativo, salvo aquellas que tengan una limitación legalmente establecida. Esto significa que todas las personas tienen el derecho y la capacidad para realizar trámites, presentar solicitudes, interponer recursos, entre otras acciones, ante las Administraciones Públicas.
La capacidad de obrar es un principio fundamental que garantiza la participación ciudadana en los asuntos públicos y en la toma de decisiones que afectan a sus derechos e intereses. Además, la Ley establece que las Administraciones Públicas deben facilitar el ejercicio de esta capacidad y adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos y deberes administrativos.
¿Cómo se determina la capacidad de obrar?
La capacidad de obrar se determina de forma general por la mayoría de edad. Es decir, una persona se considera capaz de obrar a partir de los 18 años. Sin embargo, existen excepciones en las que se establecen limitaciones en la capacidad de obrar, como en el caso de los menores de edad, las personas con discapacidad o las personas sometidas a tutela o curatela.
En el caso de los menores de edad, estos pueden tener una capacidad de obrar limitada o restringida, dependiendo de su edad y de la necesidad de protección que se les otorga. Por ejemplo, un menor de edad puede realizar ciertos trámites administrativos, pero otros necesitarían del consentimiento de sus representantes legales.
En cuanto a las personas con discapacidad, la Ley establece que se les asegurará el ejercicio de su capacidad de obrar en igualdad de condiciones que las demás personas. Esto implica que se deben adoptar las medidas de apoyo necesarias para que estas personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes administrativos.
Por último, las personas sometidas a tutela o curatela también pueden tener limitaciones en su capacidad de obrar. La tutela es una figura jurídica en la que una persona es incapacitada judicialmente y se le designa a un tutor que ejerce su representación legal. Por otro lado, la curatela es una figura jurídica en la que una persona es declarada incapaz de obrar en ciertos actos y se le designa a un curator para que ejecute esos actos en su nombre.
La importancia de la capacidad de obrar
La capacidad de obrar es fundamental en un Estado de Derecho, ya que permite a las personas participar activamente en la vida administrativa y ejercer sus derechos y deberes de manera autónoma. Sin la capacidad de obrar, las personas no podrían presentar solicitudes, realizar trámites o ejercer acciones legales ante las Administraciones Públicas.
Además, la capacidad de obrar también implica responsabilidad. Es decir, las personas son responsables de los actos que realizan en el ámbito administrativo y deben cumplir con las obligaciones establecidas por la Ley. Por tanto, es importante que las personas conozcan sus derechos y deberes y actúen de manera diligente y responsable.
¿Cómo se protege la capacidad de obrar?
La Ley 39/2015 establece diversas medidas para proteger la capacidad de obrar y garantizar el ejercicio de los derechos y deberes administrativos de las personas. Algunas de estas medidas son:
1. Accesibilidad y comunicación
Las Administraciones Públicas deben garantizar la accesibilidad y la comunicación con las personas, especialmente aquellas que tienen alguna discapacidad. Esto implica proporcionar información en formatos accesibles, facilitar la comunicación a través de medios adaptados y adoptar las medidas pertinentes para que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.
2. Información clara y comprensible
Las Administraciones Públicas deben proporcionar información clara y comprensible sobre los procedimientos administrativos, los requisitos, los plazos y las consecuencias legales de los actos a realizar. Esto permite a las personas entender y ejercer de forma adecuada su capacidad de obrar.
3. Medidas de apoyo a personas con discapacidad
Las personas con discapacidad tienen derecho a contar con medidas de apoyo adecuadas para el ejercicio de su capacidad de obrar. Estas medidas pueden incluir el apoyo de un asistente personal, la adaptación de medios de comunicación o la realización de trámites en formatos accesibles.
4. Protección de derechos de menores
En el caso de los menores de edad, se deben adoptar medidas especiales para proteger sus derechos y garantizar su participación en el ámbito administrativo de acuerdo a su capacidad de obrar. Esto implica establecer requisitos específicos de consentimiento o representación legal en determinados trámites.
Preguntas frecuentes sobre la capacidad de obrar según la Ley 39/2015
1. ¿Puedo realizar trámites administrativos si soy menor de edad?
Sí, los menores de edad pueden realizar trámites administrativos, pero en ciertos casos necesitarán del consentimiento de sus representantes legales.
2. ¿Qué medidas de apoyo puedo solicitar si tengo una discapacidad?
Si tienes una discapacidad, puedes solicitar medidas de apoyo como el apoyo de un asistente personal o la adaptación de medios de comunicación para facilitar el ejercicio de tu capacidad de obrar.
3. ¿Qué debo hacer si considero que se están vulnerando mis derechos en el ámbito administrativo?
Si consideras que se están vulnerando tus derechos en el ámbito administrativo, puedes interponer recursos y presentar las correspondientes reclamaciones ante las Instancias correspondientes.
4. ¿Qué implicaciones tiene la tutela o curatela en la capacidad de obrar?
La tutela o curatela limita la capacidad de obrar de una persona, ya que se establece la figura de un tutor o curator para que ejerza la representación legal o realice ciertos actos en nombre de la persona sometida a esta figura jurídica.